Contra la criminalización de la protesta social por el nuevo Código Penal y la Ley de seguridad ciuadana

¿Qué se esconde tras esta ley?

• Solo pretende el ataque a los derechos de manifestación y libertad de expresión.

• El ejercicio del derecho de manifestación como bien público pasa de ser una libertad a proteger, a ser un concepto de “orden público” de tiempos pasados.

• Desaparecen las faltas para recogerse como infracciones administrativas. En la vía administrativa se considera como prueba la declaración de los policías contra el denunciado, no dando valor a la declaración de otros posibles testigos.

• En la tramitación no hay juez. Si se recurre habrá que abonar tasas a la administración, incrementándose los costes de la defensa, reduciéndose con ello las posibilidades de acceder a la justicia.  Solo quien pueda pagar se podrá defender.

• Criminaliza el ejercicio de derechos fundamentales y crea un nuevo tipo de delincuente: el disidente político.

Quieren disuadirnos departicipar en la protesta social 

• Las infracciones son acumulativas:

                 - 3 leves = 1 grave                                                  
                 - 3 graves = 1 muy grave
                 - Infracción leve: de 100 a 1000 Euros
                 - Infracción grave: de 1001 a 30000 Euros
                 - Infracción muy grave: de 30001 a 600000 Euros

• Las sanciones y los nombres y apellidos de las personas con infracciones muy graves, podrán ser hechas públicas.

• Esto puede considerarse una ficha policial en toda regla y por consiguiente una ficha política.

• Se trata de un proyecto diseñado para garantizar en exclusiva la seguridad de quienes están causando dolor, sufrimiento, miseria e inseguridad para la ciudadanía.

• Supone un alarmante aumento de la represión y control social, penalizando la legítima protesta y la contestación social, con el objetivo de convertirnos en una sociedad miedosa, silenciosa, y  fragmentada.

• La futura ley de huelga, pretende recortar al máximo el derecho de protesta de la clase trabajadora.

• Sienta las bases de la privatización de la seguridad y de los centros Penitenciarios.

• Autoriza a los agentes de Seguridad Privada para identificar, cachear e incluso detener a toda persona que considere sospechosa en la vía pública. En el nuevo Código la resistencia o desobediencia a un miembro de la seguridad privada se eleva a la condición de delito dándole categoría de agente de la autoridad.

Por todo esto, invitamos a toda la sociedad: ONGs, sindicatos, partidos, asociaciones de vecinos y colectivos de todo tipo a parar la criminalización de la protesta social y el grave retroceso de nuestros y vuestros derechos como ciudadanas.

PAREMOS LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL

SIN DERECHOS y LIBERTADES NO HAY DEMOCRACIA