Plataforma Ciudadana en Defensa de las Libertades
Comunicado, 16-03-2016
El
Ayuntamiento de Valladolid se compromete a derogar la “ordenanza
antisocial" en otoño
La
Plataforma Ciudadana en Defensa de las Libertades culmina así una lucha
comenzada en el año 2003 contra la ordenanza "antisocial" y
"antivandálica", uno de los principales símbolos autoritarios de los
veinte últimos años de gobierno municipal de Javier León de la Riva
El
Ayuntamiento de Valladolid derogará este otoño la Ordenanza Municipal sobre
Protección de la Convivencia y Prevención de Conductas Antisociales, conocida en
la ciudad como “ordenanza antisocial” por su claro propósito de reprimir la
libertad de expresión, reunión y manifestación y recortar derechos fundamentales
de los ciudadanos.
A ello se ha
comprometido el actual equipo de gobierno municipal en la reunión que representantes
de la Plataforma ciudadana en defensa de las libertades, acompañados por la
letrada Carmen López Cedrón –uno de los miembros del equipo jurídico de la
Plataforma-, mantuvieron el pasado martes 15 de marzo de 2016 en el despacho de
Alcaldía con el concejal de Seguridad y Movilidad y miembro del grupo
socialista Luis Vélez, la concejala de Medio Ambiente y miembro del grupo
municipal de Toma la Palabra María Sánchez, el Jefe del Gabinete de Alcaldía
José Ignacio Herrán, la concejala de Toma la Palabra Rosalba Fontériz y el
director de la Asesoría Jurídica General del Ayuntamiento de Valladolid. El
alcalde Óscar Puente, quien estaba previsto que participara en la reunión,
excusó su asistencia por problemas de agenda.
En la
reunión del martes, celebrada a petición de la Plataforma ciudadana en defensa
de las libertades, ésta le planteó al equipo municipal, primero, su malestar
porque la “ordenanza antisocial” (uno de los símbolos represivos del gobierno
autoritario del exalcalde León de la Riva) no hubiera sido ya derogada “de
oficio” por el nuevo Ayuntamiento en coherencia con la postura que los grupos
que sustentan al actual alcalde habían expresado en años anteriores; segundo,
que bajo ningún concepto iban, tras haber luchado con gran desgaste desde 2003
contra esta norma limitadora de los derechos y libertades fundamentales, a
iniciar una nueva campaña reivindicativa ante el actual Ayuntamiento y que su
postura directa habría sido la desobediencia abierta a esta injusta norma; y,
tercero, que pedían la retirada de la ordenanza en el menor plazo legalmente
posible no asumiendo que fuera reformada, pues la ordenanza, más allá de su
articulado, es la expresión de una concepción ideológica represiva y
estigmatizante de la expresión de la disidencia social y por ello debía ser
eliminada.
En la
reunión de este martes, el Ayuntamiento esbozó lo que podría ser el proceso que
seguirían para la desaparición de la “ordenanza antisocial”: los muchos artículos
que no vulneran ningún tipo de libertad serían incorporados a otras ordenanzas
municipales (son artículos cuya presencia en la ordenanza no buscaba más que
enmascarar la naturaleza represiva de la ordenanza mezclando torticeramente
cuestiones de simple orden y limpieza con conductas “antisociales”) y el
articulado que sí promueve la convivencia pasaría a formar parte de una nueva
ordenanza para cuya elaboración abrirían un proceso de participación ciudadana.
Hay que
recordar que el gobierno de León de la Riva fue pionero en España aprobando en abril
de 2004 la primera Ordenanza Municipal sobre Protección de la Convivencia y
Prevención de Conductas Antisociales en España, norma ideológica que instauraba
con fuertes multas la represión a nivel local de distintas formas de expresión
social, anticipando las sanciones administrativas que luego iba a generalizar a
nivel estatal la “ley mordaza” en 2015.
Ya en 2004
las organizaciones de Valladolid se coordinaron en el Foro por las Libertades
iniciando la desobediencia y la lucha social y judicial contra esta “ordenanza
antisocial” logrando en diciembre de 2006 que el Tribunal Superior de Justicia
de Castilla y León anulara parte de su articulado (también la Federación de
Asociaciones Vecinales logró otra sentencia en el mismo sentido). Pero el
Ayuntamiento de León de la Riva volvió a endurecer la ordenanza en 2011 con
prohibiciones que afectaban, entre otros, al ejercicio de la mendicidad, al
modo de vestir y la estancia, ocupación o acampadas en espacios públicos -en
clara represión del movimiento 15M y su
continuación- y que reincorporaba artículos ya anulados en 2007, ante lo que de
nuevo reaccionan las organizaciones de la ciudad uniéndose en diciembre de 2011
en la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Libertades que llegó a integrar a
más de 30 organizaciones sociales, sindicales y políticas de la ciudad poniendo
de nuevo en marcha una intensa campaña social de información, de desobediencia
y jurídica para luchar contra la ordenanza (también la Federación Española de
Naturismo presenta recurso contra esta norma) que obtiene de nuevo una victoria
con una nueva sentencia del TSJ de octubre de 2013 que anula parte de los
nuevos artículos tumbando una ordenanza que recortaba la libertad de expresión,
de vestuario y que criminalizaba la pobreza.
La
Plataforma Ciudadana en Defensa de las Libertades no puede por menos que
celebrar la decisión del actual equipo de gobierno formado por el PSOE y Toma
la Palabra, y apoyado por Sí se Puede, de derogar por fin este otoño la
ordenanza y de promover en su lugar una norma que verdaderamente fomente la
“buena convivencia”, aunque las organizaciones de la Plataforma consideran que
los pactos de buena vecindad, solidaridad y apoyo mutuo no debieran ser
instados ni regulados desde las instituciones sino emanar de la propia sociedad
autoorganizada como el bien común que siempre han sido.
Plataforma Ciudadana en Defensa de las Libertades
