martes, 27 de junio de 2017

Pancartas y gritos a favor y contra la normativa durante la celebración del pleno

Plataforma de Ciudadanos por la Libertad de Expresión: «es fácil defender una normativa argumentando que está formulada para evitar el vandalismo y las actitudes incívicas, pero no entendemos por qué se entremezclan y se tratan con la misma contundencia estos actos relacionados con la violencia urbana con otros relativos a la libertad de expresión»

Hasta 19 patrullas, incluidas cuatro de la Policía Nacional, permanecieron durante buena parte de la mañana de ayer alrededor de la Casa Consistorial mientras en su interior se celebraba el pleno que debatía la aprobación de la normativa antivandalismo. En algunos momentos, hasta seis agentes custodiaban las puertas de acceso al salón de plenos, cuyas tribunas estuvieron ocupadas por una treintena de personas contrarias a la ordenanza, en un lado, y por defensores del texto respaldado por el PP, en el otro.

Un despliegue extraordinario de policía ante una hipotética algarada que no llegó a mayores, con la excepción de pancartas desplegadas, gritos y cánticos. La situación llevó incluso a que algunos periodistas -que cubren de forma habitual la celebración de los plenos, mensuales, y la información diaria del Ayuntamiento- fueran registrados a la entrada del salón de plenos, con la obligación de abrir los bolsos en los que llevan sus útiles de trabajo.

La intervención del portavoz de la Plataforma de Ciudadanos por la Libertad de Expresión y representante de CGT, Jorge Rubio -quien defendió que la normativa «castiga y prohíbe en exceso» y «los perjudicados serán los actos y colectivos más críticos con la autoridad»- fue secundada por aplausos desde una de las tribunas. En el momento en que tomaba la palabra el representante popular, comenzaron a desplegar pancartas donde podía leerse «no a la ordenanza», «prohibido prohibir» y «libertad de expresión, no a la ordenanza». Al término del primer turno de palabra del PP, corearon «libertad de expresión, libertad de expresión». Desde la otra tribuna, donde se ubicaron los defensores de esta normativa, se les gritó: «Esto no lo hacéis en el País Vasco». La respuesta: «Vosotros, fascistas, sois los terroristas». Minutos después, los contrarios a la ordenanza abandonaban el salón de plenos, aunque dejaron colgado de los balcones de la tribuna las pancartas en las que criticaban la aprobación del texto. Los defensores estuvieron presentes hasta el final del debate e irrumpieron en aplausos tras la segunda intervención de Manuel Sánchez.

Disconformidad

El portavoz de la Plataforma de Ciudadanos por la Libertad de Expresión -colectivo que durante las últimas semanas ha programado varias actividades para mostrar su disconformidad con el texto- afirmó que «es fácil defender una normativa argumentando que está formulada para evitar el vandalismo y las actitudes incívicas, pero no entendemos por qué se entremezclan y se tratan con la misma contundencia estos actos relacionados con la violencia urbana con otros relativos a la libertad de expresión». Este colectivo concluyó su intervención en el pleno asegurando que «bajo supuestos en principio aceptados por todos, subyace una clara intención de acallar y no dejar expresarse libremente a las voces que disienten».

Desde el Partido Popular insistieron en que el texto -con decisiones ya recogidas en la normativa municipal- no coarta estos derechos.

Fuente: Texto: V.M.V. 14-04-2004. El Norte de Castilla

lunes, 26 de junio de 2017

29 de junio: Concentración en Fuente Dorada contra la ordenanza antisocial

CONCENTRACIÓN
CONTRA LA ORDENANZA ANTISOCIAL 

Esta ordenanza simplemente maquilla la anterior ordenanza en esta materia, aprobada inicialmente en 2004 y que supuso un paradigma de un ordenamiento municipal contrario a las libertades democráticas más elementales

PLAZA DE FUENTE DORADA
29 DE JUNIO DE 2017, JUEVES
20.00 H






RECHAZAMOS UNA ORDENANZA BASADA EN EL MIEDO Y EN LA COACCIÓN


Las organizaciones sindicales y sociales agrupadas en la Plataforma por las Libertades queremos expresar ante la opinión pública nuestro total desacuerdo y rechazo con el borrador elaborado por el equipo de gobierno de la llamada “Ordenanza Municipal de Protección del Medio Urbano”.

No solo por su contenido, de carácter represivo, sino también por la forma y el tono generales en que se contienen las innumerables prohibiciones al tratar a las personas a las que se dirige como sospechosas permanentes de pretender atentar contra el medio urbano, cuando no son tratadas de forma condescendiente u ofensiva despreciando su capacidad de interrelacionarse sin necesidad de tutela, vigilancia y castigo. La minuciosidad enfermiza con que se exponen todos los comportamientos “indeseables” provoca cuando menos vergüenza ajena, como si se tratase de aquella laboriosidad insana del inquisidor persiguiendo el menor atisbo de pecado de pensamiento y obra.

Esta ordenanza es además ineficiente pues sus disposiciones están ya recogidas en otras ordenanzas municipales y normativas varias, algunas como la “ley Mordaza” a la que además este borrador se refiere y adapta.

Esta ordenanza simplemente maquilla la anterior ordenanza en esta materia, aprobada inicialmente en 2004, y que supuso un paradigma de un ordenamiento municipal contrario a las libertades democráticas más elementales. Lo que a nuestro entender corresponde hacer a un supuesto Ayuntamiento de la izquierda es sencillamente derogar la anterior y punto.

Valgan solo algunos ejemplos de sus disposiciones, para entender contra quienes se dirige su espíritu y su letra: 

  • Maquilla su nombre pasando de llamarse "Ordenanza Municipal de protección de la convivencia ciudadana y prevención de actuaciones antisociales", como apareció en 2004 con León de la Riva y en las sucesivas modificaciones, a denominarse "Ordenanza municipal de Protección del Medio Urbano", sin que cambie ni una coma de su objeto -prevención de actuaciones perturbadoras de la convivencia ciudadana"- y ámbito de aplicación -cualesquiera bienes públicos y privados: calles, plazas, paredes, muros, túneles, edificios, farolas, papeleras, vehículos, vallas permanentes o provisionales, elementos públicos y privados, fachadas, señales, aceras, suelo, contenedores, elementos, infraestructuras y servicios municipales, y elementos privados visibles de la calle, así como el uso del espacio o servicios públicos...-, y mantiene, como se decía antes, el minuciosamente enfermizo catálogo de conductas prohibidas y de las durísimas sanciones a aplicar.
  • La "nueva" ordenanza dice tener una perspectiva más "integradora y social" y querer fomentar valores como la solidaridad, la responsabilidad social y el bien común, pero toda ella es un catálogo de prohibiciones que en artículo alguno promueve esos valores salvo, y es sangrante, como consecuencia del castigo y realización de trabajos para la comunidad ("la letra con sangre entra").
  • Mantiene artículos reintroducidos en 2012 pese a haber sido anulados por distintas sentencias en 2006, algo ya criticado en su momento.
  • Está clara la intención y orientación ideológica de esta ordenanza que busca eliminar cualquier expresión de disidencia y contestación social en las calles para preservar valores tan indefinidos como la "tranquilidad" o la "armonía" ciudadanas.
  • Se mantienen las mismas sanciones altísimas: las faltas leves -un enorme cajón de sastre- hasta 750 euros; las graves, hasta 1.500, y las muy graves, hasta 3.000. La ordenanza dispone además de un sistema de agravamiento de la sanción que fácilmente convierte la leve en grave, y ésta en muy grave.
  • Están prohibidas en la calle todas la expresiones de mensajes sociales: pintadas, escritos, inscripciones, grafismos, carteles, pancartas, adhesivos... y, aunque no sean comerciales, se les aplicará, para sancionarlas, la prohibición en elementos o espacios públicos de "cualquier otra actividad o manipulación que ensucie, degrade o menoscabe su estética y su normal uso y destino". Pintar un mural artístico o simplemente reivindicativo requiere el visto bueno municipal por "conveniencia pública" o "razón de oportunidad" (censura previa).
  • Se prohíbe cualquier actividad que en un grado u otro y de cualquier forma, "impida o dificulte" el uso del espacio público a peatones y coches, o suponga una ocupación no autorizada o alteración de espacios y uso de servicios públicos (sentadas, manifestaciones, ocupaciones...).
  • Se imponen sanciones no solo sobre quienes realicen los actos, sino también solidariamente sobre personas físicas y "personas jurídicas", es decir, asociaciones, sindicatos, partidos, colectivos..., y se les imponen altas responsabilidades en actos públicos para que "garanticen", "velen" y "cumplan" en garantías de seguridad, protección y evitar suciedad en elementos urbanos. La ordenanza mantiene además una estigmatizante mención a "colectivos minoritarios".
  • Se exige una autorización para acampar u ocupar espacios públicos, lo que evidentemente trata de evitar cualquier movimiento social de respuesta en las calles y plazas de la ciudad. También sigue prohibiendo habitar vehículos estacionados yendo contra lo indicado por la DGT que diferencia claramente entre acampar, no permitido, y estacionar, que sí está permitido.
  • Mantiene la prohibición de la mendicidad consistente en ofrecer objetos o servicios a personas conductoras.
  • Se instituye una aberrante indefensión para con la ciudadanía cuando establece una cláusula abierta para las infracciones leves: "Tienen el carácter de leve las demás infracciones de las obligaciones o prohibiciones previstas en esta ordenanza" o sea, lo que el municipal o policía de turno quiera establecer. Y en todos los casos previstos en esta Ordenanza estamos ante decisiones administrativas que no tienen siquiera las garantías de un sistema judicial a la hora de imponer sanciones.
  • Mantiene los mismos innumerables artículos que deberían ir a otras normativas municipales (de Ruidos y vibraciones; Medio ambiente atmosférico; Tráfico, aparcamiento, circulación y seguridad vial; Limpieza, recogida y eliminación de residuos sólidos urbanos; Publicidad exterior, Terrazas en la vía pública; Parques y jardines; Venta fuera de establecimientos; Protección contra incendios...) y ello con el fin de camuflar los artículos represivos.
  • Asimismo continúan en la Ordenanza todos los artículos anteriores que son propios de la "Ley Mordaza" (por ejemplo, el uso de las vías públicas, paseos, aceras y calzadas por peatones y vehículos, el funcionamiento de servicios públicos y sus espacios) y otros artículos que son propios de la Ley Orgánica reguladora del derecho de reunión (por ejemplo, exigencias a organizadores de actos públicos) y que en ningún caso debería entrar a regular una simple ordenanza municipal dada la protección constitucional del derecho a la libertad de expresión y de reunión y manifestación.
  • Elimina de la Ordenanza las referencias a las obligaciones de los propietarios de terrenos, construcciones y edificaciones, entendemos, que porque ya están reguladas por su normativa urbanística específica. ¿Por qué sí se retiran estos artículos de la Ordenanza pero se niegan a hacerlo con otros muchos artículos que sigue manteniendo?
  • Se introducen algunas mejoras muy menores -uso de zonas verdes, plantas en alcorques y prestar trabajos o labores compensatorias de la sanción en ONGs (esta última medida bastante controvertida)- que en modo alguno hacen cambiar el sentido de esta ordenanza represiva.

Con este borrador, los vecinos y vecinas deben andarse con mucho cuidado a la hora de expresar lo que piensan en la calle pues no sólo les vigilan y castigan los agentes del Estado central, también tienen que seguir viéndoselas con la mirada del municipal de turno y la sanción por su comportamiento “contrario a la convivencia” y, por si fuera poco, aún sin haber hecho nada, encontrarse con una sanción municipal de carácter preventivo. La arbitrariedad está servida.

Si el Ayuntamiento de Valladolid entiende la convivencia ciudadana no como producto de la concienciación, educación, debate democrático y expresión de una voluntad colectiva, sino como el resultado de la coacción y el miedo a la sanción, es porque su equipo de gobierno asume como propios los temores típicos, tópicos y atávicos que las élites detentadoras del poder tienen a toda y a cualquier movilización social y laboral que desee expresar libremente sus críticas, rechazos, reivindicaciones y alternativas al modelo social patriarcal, capitalista, desigual e injusto en el que las clases trabajadoras malvivimos.

Por todo esto, exigimos al Ayuntamiento de Valladolid que derogue la ordenanza vigente y que no se presente ninguna en su lugar.




¡NO A LA ORDENANZA ANTISOCIAL!








Si estás de acuerdo con lo que exponemos y eres un colectivo, asociación, partido, sindicato... y quieres unirte a la Plataforma, por favor escríbenos a libertadesvalladolid@gmail.com.


Plataforma Ciudadana en Defensa de las Libertades

viernes, 23 de junio de 2017